El reclamo

Qué pedimos

Que se restituya el pago del aguinaldo a todos los jubilados y pensionistas civiles, sin topes. Es un derecho que existió en democracia y que la dictadura eliminó.

Cómo lo perdimos

Durante la democracia, el aguinaldo para pasivos civiles fue un derecho consagrado por las leyes N.º 12.840, N.º 12.996 y N.º 13.426. El Acto Institucional N.º 9, del 23 de octubre de 1979, firmado en plena dictadura por Aparicio Méndez, lo suprimió de forma arbitraria y permanente, solo para jubilados y pensionistas civiles.

Los retirados y pensionistas militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea lo siguen cobrando. Después de más de 40 años de democracia, ningún partido político corrigió esa diferencia.

Qué derechos se violan

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley. La supresión del aguinaldo viola:

1. El derecho a la propiedad y a los derechos adquiridos (artículo 21 de la Convención Americana).
2. El principio de igualdad ante la ley y no discriminación (artículo 24, en relación con el artículo 1.1 de la Convención).
3. El principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26 de la Convención y artículo 3 del Protocolo de San Salvador).

La vía judicial

Miles de pasivos organizados reclamaron ante la Justicia. Ese camino se agotó con la Sentencia Definitiva N.º 20/2013 del Juzgado Letrado de 12.º Turno, del 3 de abril de 2013. Aquel reclamo fue un cobro de pesos contra el BPS, pero el BPS no tiene facultades para decidir sobre el aguinaldo: le corresponde al Parlamento. Por eso dirigimos el reclamo al sistema político.

Qué vamos a hacer

• 22 de noviembre de 2026: votamos anulado en las elecciones del BPS, como señal de protesta.
• Después del 22: seguimos sumando indignados, entre jubilados, pensionistas y trabajadores en actividad, que mañana también se van a jubilar.
• Nota con firmas a todos los partidos políticos, exigiendo que el aguinaldo esté en sus programas para 2029.
• Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nuestra meta es llegar a la campaña de 2029 con entre 100.000 y 150.000 personas dispuestas a votar anulado. En las últimas elecciones nacionales la diferencia entre las dos coaliciones fue de unos 93.000 votos. Con esa cantidad de indignados, los partidos van a tener que ocuparse del tema.